Contra transparencia, ambigüedad

Consta mosqueo en el grupo municipal del PP por la aparición en medios de comunicación de documentos municipales en desarrollo o trabajo interno y, concretamente, ordenanzas en proceso de debate como ejemplo más habitual, aunque no único.

Concejales de la oposición han sido reprendidos durante alguna reunión como sospechosos de filtraciones, una actitud que ya padecieron los populares con sus precedentes, porque esta es actitud universal de gobierno. La propia alcaldesa se refirió a este asunto en el pleno de febrero (con un cierto tono desdeñoso), cuando a una referencia de Equo-Los Verdes sobre la necesidad de una mayor transparencia en el trabajo consistorial indicó que el borrador de ordenanza al que hacían referencia estaba colgado ya en la edición web de DIARIO DEL ALTOARAGÓN.

Posibilitar el acceso de los lectores a documentación municipal de interés es uno de los objetivos que nos planteamos en el diario cuando afrontamos la información municipal. Lo consideramos un derecho de los lectores al que, en la medida de nuestras posibilidades, nuestros aciertos y nuestras fuentes hacen alcanzable este objetivo.

La vía oficial se cierra en ocasiones con la excusa de que tal o cual documento es interno o que está en proceso de debate cuando, precisamente, el interés de no pocos ciudadanos en acceder a esta documentación es el proceso de estudio.

El PP se comprometió a promulgar una Ley de Transparencia que posibilite el acceso de la ciudadanía a la información oficial. Entiendo que el objetivo de posibilitar conlleva otorgar facilidades. Quien se enfrenta a la maquinaria administrativa sabe bien que el marasmo de procedimientos supone una complicación casi tan difícil de vadear como el interés general de los gobernantes por el control de la información. Este último objetivo es, desgraciadamente, regla fundamental en la acción de mando.

Determinar procesos sencillos y garantizar el acceso a la información frente al interés político por su control deberían ser objetivos de la normativa cuyo borrador ha sido sometido al escrutinio público con facilidad de acceso, en este caso sí.

Pero la primera lectura del anteproyecto de ley no invita al optimismo. Las cautelas introducidas redundan en los problemas hallados hasta la fecha.

El artículo 10 establece los límites de acceso y, entre estos sitúa "los intereses económicos y comerciales" o "la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión".Y en el artículo 12, referido a las excepciones, habla de que no serán objeto de derecho de acceso las peticiones que se refieran a información "que esté en curso de elaboración o publicación general".
A falta de mayor concreción (que no encuentro o no sé encontrar en el articulado) la decisión contraria a la petición tiene como contrapeso la posibilidad de una reclamación ante la Agencia Estatal de Transparencia.

Habrá que inferir que la interpretación de estos artículos queda al albur de quien tiene el mando. Contra transparencia, ambigüedad.

Postdata de post: Mañana se cierra, por cierto, el plazo abierto por el Gobierno para remitir sugerencias al anteproyecto.